El abandono y la desidia que ha sufrido la población de la Amazonía Ecuatoriana es evidenciado, no sólo porque estas provincias manejan los índices de desarrollo más bajos del país, los índices de acceso a agua potable del 14%, sino también por la falta de una estructura institucional del Estado en la zona. Por ejemplo la provincia de Orellana no tiene Corte Superior de Justicia, juzgados, ni representación del Ministerio de Energía y minas o medio Ambiente, pese a ser la provincia con mayor riqueza petrolera, conjuntamente con Sucumbíos.
Hasta le fecha, el desarrollo de la provincia ha dependido de la presencia de compañías petroleras trasnacionales o estatales, pero nunca a través de políticas de desarrollo de estas provincias impulsadas por el Gobierno Nacional (políticas en educación, salud, acceso al agua potable, inversión en infraestructuras de carreteras, electrificación, etc.). Esto ha provocado una relación de dependencia, de asistencialismo y clientelismo, evidenciado a través de los múltiples convenios que se firman entre comunidades y empresas petroleras.
Si a este panorama de abandono, se le añade el gravísimo índice de contaminación ambiental provocado por los centenares de derrames que se producen anualmente que no han conllevado acciones de remediación, el clima de conflictividad social que viven las provincias de Orellana y Sucumbíos ha ido en incremento en los últimos años, demostrando también con ello que la población conoce y defiende sus derechos fundamentales frente a los abusos históricos que han sufrido durante años.
Si bien se ha implantado y normalizado la medida del “paro” por parte de las comunidades para realizar cualquier reclamo, por pequeño que sea éste, también hay que conocer que la mayoría de estas paralizaciones que se producen es por el sistemático incumplimiento de la legislación ambiental por parte de las compañías petroleras.
En este contexto la empresa FOPECA, encargado de la construcción de la carretera Coca – Dayuma, tomó la decisión de suspender los trabajos en la carretera y despedir aproximadamente a 60 trabajadores, por el impago de parte del Estado de los sueldos a los trabajadores.
La paralización de la obra y el despido de los trabajadores constituyen dos elementos que, entre otros que ya hemos comentado, generaron un malestar en la población de Dayuma, quienes, en diferentes asambleas parroquiales, convocadas entre octubre y noviembre de 2007, decidieron la realización de un paro para reclamar entre otros:
La financiación de la carretera Coca-Dayuma
Que se creara una partida presupuestaria anual para que FOPECA pague mensualmente a sus trabajadores y transportistas
Que se aplique el plan de remediación ambiental a todas aquellas parroquias que ha sufrido derrames por parte de la empresa PetroEcuador.
Esta medida de hecho, se inicia con el cierre de la carretera, el cual se realiza el día 26 de noviembre de 2007
Si cuantificamos, sólo para la parroquia de Dayuma, lo que supone la paralización a las instalaciones de Petroecuador, afecta a un total de 36.000 barriles la producción diaria de petróleo. En términos estrictamente económicos, el Estado pierde un total de tres millones de dólares diarios al Estado. Sin embargo, estos datos así planteados, también suponen una trampa para la opinión pública, ya que esta importante cantidad de barriles no se pierde, simplemente se paraliza su distribución hasta la resolución del paro.
De cualquier forma, en un gobierno como el que desde hace un año, lidera el presidente de la república Rafael Correa, el cual ha demostrado que la producción petrolera es de interés nacional y básico para llevar el “desarrollo” a su país, la pérdida diaria de este monto de dinero fue el detonante para tomar la precipitada y desmedida decisión de decretar en la Provincia, el “Estado de Emergencia”, suprimiendo con ello, las libertades constitucionales de la población de la provincia.
Conflicto de Dayuma
Como se comenta en los antecedentes, el día 26 de diciembre la parroquia de Dayuma inicia una medida de hecho con el cierre de la carretera.
Según fuentes de algunos empleados de PetroEcuador, el mismo día 26 de diciembre, un total de 20 individuos entran en las instalaciones de la empresa petrolera estatal, amenazando con dinamita a los funcionarios y obligando a detener la producción. Las organizaciones de DDHH constatan que estos hechos aún no se han demostrado.
El día 29 de diciembre de 2007 se decreta el Estado de Emergencia en toda la provincia, se cierran los accesos a la capital Francisco De Orellana y se militariza la capital y las comunidades afectadas por el paro con refuerzos venidos desde Quito.
La declaración de Estado de Emergencia supuso que fueran las FFAA los encargados de hacer cumplir la Constitución, las leyes y el Ordenamiento jurídico legalmente constituido, dando cumplimiento a lo siguiente:
Disponer el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.
La Fuerza pública está facultada para ingresar y realizar inspecciones en la propiedad pública y privada.
Está prohibido realizar manifestaciones, mítines y todo tipo de reunión y asociación, aún sea con fines pacíficos.
Los miembros de las FFAA y Policía Nacional podrán detener a los presuntos infractores y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes.
Justo después de la declaración del Estado de Emergencia empiezan las acciones de limpieza de las vías cerradas con piedras por los pobladores, pero al mismo tiempo también empezaron las acciones de represión y persecución, en un operativo conjunto de las FFAA y la Policía Nacional.
Esta abrupta y violenta incursión de militares y policías supone, según fuentes de ellos mismos, un enfrentamiento abierto con los pobladores, ocasionando un total de 7 heridos dentro de las fuerzas públicas, uno de ellos por disparo de bala en la pierna y concluye el propio 30 de noviembre de 2007 con 25 detenidos acusados de sabotaje y terrorismo.
Las pruebas gráficas que se obtuvieron en los días que hacemos referencia, muestran métodos muy poco ortodoxos por parte de las fuerzas públicas en la forma de detener y trasladar a los detenidos y de intimidar a toda la población de la parroquia de Dayuma.
Sin embargo, según las organizaciones de DDHH no sólo no se tienen tiene indicios claros, precisos y suficientes de que los detenidos han sido autores de los delitos que se imputan, sino que además no existen méritos que establezcan responsabilidades penales en contra de los acusados. Al mismo tiempo se ha demostrado que algunas de las supuestas pruebas que se han aportado para justificar las detenciones son inventadas, ilegales e inconstitucionales.
Situación actual del conflicto de Dayuma
La represión militar de ha dejado huellas de las injusticias que se cometieron y secuelas que aún se tienen que enfrentar. Se podría decir, sin miedo a exagerar, que la agresión sufrida por parte de las FFAA, ha marcado un antes y un después para todos los pobladores de Dayuma, según declaraciones de los propios pobladores.
Según las mismas fuentes, la comunidad vive atemorizada y el daño psicológico creado por la violación de DDHH sufridas en esos días es difícilmente reparable, aunque se espera que de alguna manera el gobierno y las autoridades respondan por estos hechos.
Sin embargo, este reconocimiento a las víctimas directas e indirectas de esta represión no ha llegado aún. De hecho en el informe que la comisión de veeduría del conflicto de Dayuma publica el 9 de enero de 2008, se limita a reconocer el histórico abandono que han sufrido las provincias amazónicas y estrictamente referido al conflicto militar surgido en Dayuma, se limita a reconocer que las FFAA no estaban preparadas para trasladar de manera digna a los detenidos.
Después de la publicación de este informe, el día 23 de enero de 2008, organizaciones de DDHH como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Acción Ecológica, el Comité de Derechos Humanos de Orellana y representantes de la Provincia de Orellana y de la Parroquia Dayuma presentaron a la Comisión de Legislación de la Asamblea Constituyente la petición de amnistía a favor de los detenidos de Dayuma.
En esta petición se acoge al anuncio que hizo el Presidente Rafael Correa en el informe de rendición de cuentas de su primer año de gobierno, el martes 15 de enero en Ciudad Alfaro, en el que solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente, el perdón para varias personalidades y grupos sociales del País que han sido victimas de privaciones a la libertad y persecución política, entre ellos los ciudadanos detenidos por el último paro en Dayuma, "a excepción de las 4 personas que han dado positivo en la prueba de parafina".
La carta de amnistía por los hechos de Dayuma que se entregó a la Asamblea Constituyente incluye a los detenidos que supuestamente han dado positivo en la prueba de parafina, al tiempo que se demuestra que esta prueba no es concluyente ni definitiva. También se solicita la libertad de las autoridades que fueron posteriormente acusadas como la señora Prefecta de Orellana Guadalupe Llori que está actualmente detenida en Quito, al Presidente de la Junta Parroquial de Dayuma y otros ciudadanos más.
Esta petición busca establecer la inocencia de todas las personas detenidas y la vez evidenciar una serie de incongruencias y contradicciones que se efectuaron en el proceso.
Al mismo tiempo se explica que las causas que dieran lugar a la medida de hecho en Dayuma y el posterior desenlace del cual se acusa injustamente a los imputados, fueron acciones que tienen antecedentes políticos, que debieron ser resueltos políticamente.
Se constata también que entre los detenidos hay varios actores políticos elegidos por votación popular, por lo tanto la Asamblea deberá considerarse este hecho como un hecho político con sus motivaciones ideológicas o socio-políticas y no como delito común.
Hasta el momento, éstas son las últimas noticias referidas a un conflicto que sigue latente, que ha afectado de manera muy seria a las organizaciones de base y a la movilización social de un pueblo históricamente luchador, como el de Orellana.
Miguel Castro
Asoc. Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
No hay comentarios:
Publicar un comentario